Hace pocas semanas, el alcalde de Barcelona presentó una nueva ordenanza municipal que permitirá imponer a vendedores y compradores de comercio ambulante multas de 120 a 500 euros.

Según se recogía en Noticias.info, "los clientes del 'top manta' podrán ser multados por la Guardia Urbana, al igual que las prostitutas y sus clientes y los mendigos 'agresivos'.

(...) La mendicidad agresiva, incluida la que realizan los limpiaparabrisas, podrá ser sancionada con multas de entre 120 y 1.500 euros, la compra y venta callejera ilegal supondrá multas de entre 125 a 500 euros tanto para vendedores como para clientes, y la Guardia Urbana podrá realizar decomisos del género".

En fin, a uno le producen mucha risa este tipo de anuncios de los políticos. No sé de dónde sacan argumentos, medidas y métodos tan pueriles, tan estúpidos, pero lo hacen constantemente, y por algo será. Supongo que muchos se las tragan.

Que se pretenda erradicar todo lo que la medida denuncia me parece perfecto, o al menos casi todo. Todo ello debería estar, cuando menos, controlado. Lo que ocurre es que no hay que anunciarlo, sino que siendo sistemático y endémico como lo es desde hace tantos años, debería haberse controlado mucho antes, desde el principio, justo cuando los mismos políticos que ahora se llevan las manos a la cabeza hacían la vista gorda con risitas demagógicas de progreso y bienestar.

Nadie puede apuntarse un mérito por proponer medidas tardías, cínicas y falsas hasta lo vergonzoso como esta. La pretensión de imponer multas de hasta 1.500 euros a un mendigo, un limpiaparabrisas o un vendedor de top manta es la gilipollez más grande que he oído en boca de un político en mucho tiempo. Pretender que hay medios para ello, en las condiciones actuales, igual de falso. No hay voluntad política para erradicar el cada vez más común "yo hago lo que me da la gana, e impunemente, pues nadie me castiga". Ni voluntad, ni medios policiales, ni nada de nada. Así que, señores políticos, virtuosos de la retórica vacía y la más profunda inmundicia moral, no nos tomen por idiotas, que ya tenemos bastante.

Hay una marca de café, Marcilla, que basa su nueva campaña de televisión en insultar al género masculino sin tapujos. Dice algo así como: "Felicidades, chicos, a partir de ahora vais a ser capaces de hacer dos cosas a la vez". Todo esto ocurre porque al parecer el envase es tan sencillo de abrir que permite al hombre hacer más de una cosa a la vez. En el caso que yo he visto se trata de decir la tabla del uno, no sé si habrá más.

Yo me pregunto: ¿qué pasaría si un anuncio dijera que a partir de ahora las mujeres van a poder hacer dos cosas a la vez? O si en un anuncio de las Fuerzas Armadas se dijera: "Esta es una profesión para hombres, no para nenazas". Es un caso extremo, evidentemente, pero, ¿qué pasaría? Enseguida saldrían asociaciones de debajo de las piedras para protestar ante tamaña ofensa, y es lógico. Al menos es lógica la ofensa, no tanto que se aproveche para conseguir beneficios de dudoso carácter solidario a costa de un hecho reprobable. Ya estoy imaginando cómo se pondrían Cristina del Valle y otras taradas con complejos similares enarbolando banderas bien nutridas de significados de lo más variopinto. Eso sí, seguro que no moverán un dedo en este caso.

Es más, estoy seguro que las personas responsables del anuncio de Marcilla -con evidente poca visión estratégica, pues van a perder a un sector muy amplio de su público objetivo gracias a su "jocosa" ocurrencia-, se rasgarían las vestiduras públicamente en un caso de publicidad difamatoria en contra del género femenino, no ya porque lo sintieran o no, sino más bien por aferrarse a la corriente social de lo políticamente correcto.

Las medidas integradoras en cuestión de sexo son indispensables, pero es un error tener en cuenta sólo al sexo vejado con tal de corregir un desequilibrio. Más aún lo es permitir el insulto como gracieta de autoafirmación, cosa demasiado habitual. Quizá lo que ocurre también es que no hay tantas asociaciones de defensa del hombre como de las mujeres viviendo del cuento. Por eso no pasará nada y seguiremos asistiendo a este y a otros ejercicios de denigración sin que nadie mueva un dedo ni diga nada. ¿Alguien ha oído algo en los medios, esos que se alteran tantísimo en los casos de burla contra el género femenino en publicidad? Yo no.

Extraido del diario Marca, sin más aditivos:

"Un hombre solicitó que se le aumente una condena a una duración superior a la que habían acordado sus abogados y la fiscalía para que la duración de la pena coincida con el número que lucía el ex jugador de baloncesto Larry Bird en su camiseta. Los abogados llegaron a un acuerdo para una condena de 30 años por un delito de intento de asesinato y robo, pero Eric James Torpy solicitó que su pena fuera de 33 años para igualarla al número del ex jugador de los Celtics de Boston. "No había visto algo así en 26 años en los tribunales", reconoció el juez del distrito de Oklahoma Ray Elliott. "Le acomodamos la pena a sus deseos y se mostró feliz", expresó."

Cómo está el mundo...

Para celebrar el artículo número 100 de Territorio Zemanski os dejo aquí unos fragmentos de este estupendo artículo de Joaquín Arriola llamado "El Estado del medioestar". Me parece un análisis muy interesante acerca de la realidad que se esconde tras el afán de nuestros políticos por compararnos sin pudor con esa tierra prometida que siempre ha representado (incluso ahora) Europa. Podéis leerlo entero en La Insignia.

"Lo cierto es que en España nunca se ha consolidado un verdadero Estado de bienestar, al estilo del que disponen los países de Europa occidental.

(...) El estado de bienestar significa el establecimiento de un sistema de protección social que evita que la población pueda caer en situaciones de pobreza absoluta. (...) Para evitar que el mercado conduzca a una explosión social, se establecen desde el estado un conjunto de redes sociales de protección, en forma de sistemas de salud, ayudas familiares, prestaciones por desempleo, pensiones de jubilación, atención a los ancianos y discapacitados... (...) Una característica de estas redes es que tienen carácter universal, es decir que se aplican a todos los ciudadanos independientemente de su capacidad de pago. Por lo tanto, no pueden ser suministradas por el mercado, que se caracteriza por discriminar en función del dinero de que dispone cada persona.

(...) Mediante impuestos, cotizaciones sociales e ingresos de empresas públicas, los gobiernos de los países de Europa occidental en los cuales se ha desarrollado el Estado de Bienestar recaudan de esta forma entre el 40 y el 60 por ciento de la renta generada cada año (el PIB), para distribuir una parte sustancial de la misma en forma de prestaciones sociales (el resto se destina a las otras cosas que hace el estado: ley y orden, infraestructuras y enseñanza, principalmente).



Los ingresos públicos en España en 2004 fueron el 38,4% del PIB, un porcentaje que no permite desarrollar todos las prestaciones sociales propias de un Estado del Bienestar.



(...) La razón más importante de este desfase es el menor peso del Estado en España, en particular, los menores impuestos y cotizaciones sociales: en la eurozona, más del 40% del PIB se transfiere al Estado en forma de impuestos y cotizaciones sociales, y en España, menos del 35%.

(...) Por tanto, si el esfuerzo que representa la financiación de la sanidad española es solamente tres cuartas partes de la media europea, y si las camas hospitalarias disponibles son la mitad de la media europea, es porque en España se destina una parte menor de la renta generada a la sanidad que en el resto de la Europa del bienestar. Y ello es así porque en España se recaudan menos impuestos y cotizaciones sociales que en el resto de Eurolandia, y además se destina una parte menor de dichos impuestos a gastos sociales: el 59%, frente al 68% de media.

A mayor abundamiento, hay que señalar que en los últimos años, mientras en el resto de Eurolandia se dedica un mayor porcentaje de los impuestos al gasto social, en España este porcentaje disminuye.

Así cuando el PSOE pretende convencer a los ciudadanos de que pagar menos impuestos es progresista, intenta pasar de 'macuto' su ideología neoliberal. Mientras no se alcance el umbral mínimo de cobertura social -y un país con ocho millones de pobres, con un 28% de pensionistas en situación de pobreza, está lejos de haberlo alcanzado-, lo progresista es pagar más impuestos y, sobre todo, que paguen más impuestos quienes tienen capacidad para ello.

(...) En un primer vistazo, puede parecer que las cotizaciones de asalariados son la principal diferencia con Eurolandia en materia de esfuerzo fiscal. Pero aquí juega otro factor diferencial: los salarios, que en España son sustancialmente más reducidos que en Eurolandia.



Una de las características de la unión monetaria es que los precios se aproximan a gran velocidad entre las distintas regiones participantes. Ello explica en parte el diferencial de inflación entre España y la media de Eurolandia. Pero hay un precio que sigue sometido a las condiciones de los mercados fragmentados por las legislaciones nacionales. Es el precio de la fuerza de trabajo, que lejos de converger, se mantiene vinculado a las condiciones laborales específicas cada país. En España la mayor parte de los salarios son salarios de subsistencia, es decir, que una vez deducidos los gastos de supervivencia física y social (alojamiento, comida, transporte y comunicaciones, energía, vestido, etc.) a los asalariados no les queda ni un euro. Y en muchos casos, cubren con precariedad algunas de esas necesidades básicas. Es por ello que no se puede incrementar la presión fiscal sobre los asalariados, sin poner en riesgo las condiciones actuales de vida de una parte sustancial de la población española.

Sólo un aumento de los salarios puede permitir aumentar la presión fiscal sobre los asalariados, sea en el impuesto sobre la renta, las cotizaciones sociales o los impuestos al consumo. Pero para incrementar sustancialmente los salarios, hay que producir cosas que se puedan vender a mayor precio que las naranjas, el vino o los servicios turísticos, que es lo que produce nuestro país, además de casas y obras públicas.

Amnistía Internacional toca en el prólogo de su Informe 2.005 temas de extrema importancia en relación con la vulneración de los derechos humanos a que estamos asistiendo de manera sistemática. Reproduzco un fragmento de especial interés, a acargo de Irene Khan. No tiene desperdicio, os lo aseguro:

Amnistía Internacional publicó en 1973 su primer informe sobre la tortura. En él se decía lo siguiente: "La tortura prospera con el secretismo y la impunidad. Levanta cabeza cuando se eliminan las barreras jurídicas contra ella. Se alimenta de la discriminación y el miedo. Gana terreno cuando no es absoluta su condena oficial". Las fotografías de detenidos bajo custodia estadounidense en Abu Ghraib (Irak) demuestran que lo que era verdad hace 30 años sigue siéndolo en la actualidad.

A pesar de la indignación prácticamente unánime provocada por las fotografías de Abu Ghraib y los indicios que señalan que estos métodos se están utilizando con otros presos bajo custodia de Estados Unidos en Afganistán, Guantánamo y otros lugares, ni el Congreso ni el gobierno estadounidenses han pedido que se efectúe una investigación completa e independiente.

Por el contrario, el gobierno estadounidense se ha empleado a fondo para restringir la aplicación de los Convenios de Ginebra y "redefinir" la tortura. Ha tratado de justificar el uso de técnicas de interrogatorio coercitivas, la práctica de mantener "detenidos fantasma" (personas que se encuentran detenidas en régimen de incomunicación no reconocida) y la "cesión" o entrega de prisioneros a terceros países donde se sabe que se practica la tortura. El centro de detención de Guantánamo se ha convertido en el gulag de nuestra época, consolidando la práctica de la detención arbitraria e indefinida en violación del derecho internacional. Los juicios ante comisiones militares han sido una parodia de la justicia y de las garantías procesales.

Estados Unidos, en su calidad de hiperpotencia política, militar y económica sin rival en el mundo, marca la pauta del comportamiento de los gobiernos a nivel mundial. Cuando el país más poderoso del mundo se burla del Estado de derecho y de los derechos humanos, está dando permiso para que otros países cometan abusos con impunidad y audacia. De Israel a Uzbekistán, de Egipto a Nepal, los gobiernos han desafiado abiertamente los derechos humanos y el derecho internacional humanitario en nombre de la seguridad nacional y la lucha contra el terrorismo.

Hace sesenta años, un nuevo orden mundial surgió de las cenizas de la Segunda Guerra Mundial, estableciendo como principal objetivo de la ONU el respeto de los derechos humanos, junto a la paz, la seguridad y el desarrollo. En la actualidad, la ONU no parece mostrarse capaz ni deseosa de pedir responsabilidades a sus Estados miembros.

(...) La Comisión de Derechos Humanos de la ONU se ha convertido en un foro donde se chalanea con los derechos humanos. El año pasado dejó de analizar el caso de Irak, fue incapaz de adoptar medidas sobre Chechenia, Nepal o Zimbabue y guardó silencio sobre Guantánamo.

La capacidad del Estado para proteger los derechos humanos está en crisis a nivel nacional. En algunos lugares, los grupos armados -caudillos militares, bandas de delincuentes o jefes de clanes- controlan la vida de la gente. En muchos países, la corrupción, la mala gestión, el abuso de poder y la violencia política han socavado la gobernanza de los asuntos públicos. En una economía globalizada, los acuerdos sobre comercio internacional, las instituciones financieras internacionales y las grandes empresas marcan cada vez más la pauta. Sin embargo, existen pocos mecanismos para abordar sus efectos sobre los derechos humanos, y aún hay menos sistemas adecuados de rendición de cuentas.

Ha llegado el momento de volver a analizar con serenidad lo que debemos hacer para revitalizar el sistema de derechos humanos y nuestra fe en sus valores permanentes. Ése es el sentido de las sentencias de la Corte Suprema de Estados Unidos sobre los detenidos de Guantánamo y de los jueces lores del Reino Unido sobre la detención indefinida de "presuntos terroristas" sin cargos ni juicio.

En Nueva Orleáns, estos días lo están pasando muy mal por culpa del huracán Katrina. Aparte de la catástrofe natural, la pérdida de hogares y la situación precaria en que se encuentran decenas de miles de personas, tienen que lidiar con episodios de pillaje, saqueos y violencia constantes.

En una situación así, es frecuente que aparezcan los instintos humanos más bajos y primitivos, y que se cometan todo tipo de atrocidades y vulneraciones que, dentro de un marco social controlado, no tienen lugar con tanta libertad. El grado de progreso de una sociedad parece tener sólo una importancia relativa en cuestiones de esta índole. Puede que sean más violentos los saqueos en una ciudad acostumbrada a la violencia que en Nueva Orleáns, pero las diferencias no son tan abrumadoras como cabría pensar, y menos si tenemos en cuenta que Nueva Orleáns es, después de todo, una ciudad norteamericana, una sociedad bastante familiarizada con la violencia. Basta con analizar las palabras de la gobernadora de Louisiana en relación a las nuevas tropas que llegan de Irak para poner orden en el caos: "saben tirar y matar y en esta ocasión espero que lo hagan".

Una cosa es robar para alimentarse, que tampoco es justificable, pero sí al menos comprensible, y otra entrar en comercios a robar reproductores de DVD, muebles de todo tipo o desvalijar todas las existencias de armas de la ciudad. Esto último me resulta especialmente aberrante y, a la vez, significativo de la degradación humana en condiciones de ausencia de autoridad.

El hombre es el hombre en definitiva, y sus instintos para el mal son parecidos en todas partes. Evidentemente, no se trata de una generalización de la conducta humana, sólo hablo de determinados casos, pero siempre están presentes en situaciones como esta.

La variante nacional para este tema es especialmente esclarecedora. Aquí no tenemos el problema de Nueva Orleáns por culpa de una catástrofe natural, lo tenemos de manera constante, y en todas sus variantes. En la ausencia total de autoridad actual, en la que todo vale y todo el mundo hace impunemente lo que le da la real gana, se dan episodios a diario como el delincuente que se mete en una piscina ajena con la connivencia de los cuerpos de seguridad, tasas telefónicas arbitrarias y abusivas, proliferación de aparcacoches que operan siempre en las mismas zonas sin que nadie les diga nada y de manera organizada, manifestaciones, actos y participación de partidos ilegales en todos los ámbitos sociales, un ingente mercado de productos ilegales en los mismos sitios a las mismas horas.... y un larguísimo etcétera.

Ha salido a la luz otro de esos prolíficos estudios vacíos que sitúan a nuestro país, una vez más, en posiciones de privilegio en todo cuanto se refiere a resultados negativos y barbaries diversas. Esta vez se trata del mercado de copias ilegales. Nuestro país está, por supuesto, entre los diez primeros. No podía ser de otra manera. Y porque no han sacado todavía un estudio basado en el número de imbéciles aspirantes a cantante por kilómetro cuadrado, que si no teníamos otro primer puesto asegurado.

En cuanto a lo de las copias ilegales, hace poco estuve en la Puerta del Sol de Madrid. Hacía tiempo que no me daba una vuelta por allí, y la verdad es que me quedé alucinado con lo que vi. Bueno, alucinado es poco, en realidad. Las aceras a ambos lados de la Calle Mayor estaban repletas de "mantas". Hablo de multitud de puestos, uno al lado de otro, hasta donde alcanzaba la vista. Prácticamente todo el suelo estaba alfombrado con CDs y DVDs ilegales. Por supuesto, el paso de los viandantes estaba drásticamente limitado en tales condiciones. No he visto nada tan lamentable y vergonzoso en ninguna ciudad europea, y he estado en unas cuantas. Además, en pleno centro, con toda la tranquilidad e impunidad del mundo.

Por supuesto, la presencia policial era inexistente. ¿Para qué? Aunque la hubiera, daría igual. No importa que se trate de vendedores ilegales, de productos ilegales a la venta. La policía prefiere evitarse una molesta pérdida de tiempo y medios con este tema, pues carece de capacidad para controlarlo en medida alguna, por limitaciones políticas y judiciales de todo tipo.

Eso sí, buen rollito nos sobra. Otra cosa es eficacia. En el fondo sé que lo hacemos sólo para destacar de alguna manera. Supongo que las estadísticas de la vergüenza pueden ser un lugar tan bueno como cualquier otro.

Tras la manifestación de ayer en contra del matrimonio gay, a favor de la "familia" o lo que fuera, que todavía no lo tengo demasiado claro, sinceramente, los organizadores de la misma cifraron la cantidad de asistentes en más millón y medio. Se habló incluso de un número cercano a los dos millones. La Comunidad de Madrid aportó también su dato particular: 700.000 personas. La Delegación del Gobierno, como no podía ser menos, rebajó la cifra a 165.000 personas.

¿Qué tipo de broma de mal gusto es esta? ¿Es que se creen, unos y otros, que somos imbéciles? Se ve que a fuerza de costumbre, así debe de ser, pero, ¿cómo esperan que nos creamos algo de lo que dicen, que tengamos un mínimo de credibilidad en los sistemas políticos que nos gobiernan, si partimos de premisas tan pueriles y vergonzosas como las de este ejemplo? ¿Cómo puede haber una diferencia de casi dos millones de personas en las mediciones de unos y otros? No hablo de unos miles, ¡hablo de dos millones de personas! Y no se les cae la cara de vergüenza, ni mucho menos. "Si estos se lo tragan todo, qué más da...", deben de pensar. Pues nada, como está claro que aquí vale cualquier cosa, que no hay barbaridad lo suficientemente absurda, a ver hasta dónde llegamos. Todos calladitos y votando a esta panda de farsantes.

Otro ejemplo: el agua. Mucha campaña de concienciación, mucho dinero en publicidad, y el 29% del agua potable se pierde en fugas del sistema. Ese dato no se comenta. Se calla, sin más. Sólo es otra cifra de la maleable aritmética política.